El reconocimiento facial y la otra cara de la seguridad ciudadana

A raíz de la puesta en funcionamiento del Sistema de Reconocimiento Facial en nuestra Ciudad, una vez más, ha resurgido el debate sobre la seguridad ciudadana. Tópico que ocupa un lugar central -independientemente de las cuestiones económicas- en la preocupación en nuestra población así como en las instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Esta perspectiva también abarca a los diferentes segmentos de las autoridades nacionales, provinciales y municipales que, en numerosas oportunidades, conduce a la adopción de políticas que, de manera riesgosa, nos sumerge en una colisión entre seguridad, libertad y privacidad.

Más allá de que no es la única cuestión que atraviesa esta tensión permanente queremos detenernos sobre un aspecto que consideramos no menor: ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad ciudadana? Lamentablemente, en las últimas décadas, podemos observar que la noción de seguridad ciudadana ha quedado reducida, tanto en lo comunicacional como en el imaginario, a la prevención, disuasión o represión del delito y a las acciones que el Estado adopte o no al respecto. Este reduccionismo ha llevado a que, en forma recurrente, se incurra en más de un exceso que, claramente, conspira contra la libertad y la privacidad e intimidad de las personas. 

Nos queremos detener en este último aspecto: el de la privacidad de las personas. Al respecto, recordemos que la Constitución de nuestra Ciudad garantiza (artículo 12) “el derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad como parte inviolable de la dignidad humana.”  Y es precisamente la dignidad humana el atributo constitutivo, por excelencia, de los derechos humanos.

Si tomamos como eje articulador de lo que estamos planteando debemos recordar que la actual doctrina de derechos humanos ha enriquecido, perfeccionado y ampliado la noción de ciudadanía toda vez que ha adquirido rango constitucional, desde la reforma de 1994, en su artículo 75, inciso 22.

Es este contexto doctrinario el marco referencial para conceptualizar, en la actualidad, la noción de seguridad ciudadana. Y desde esa perspectiva debemos remarcar que dicha noción es multidimensional. Es decir, está compuesta por una serie de aspectos y circunstancias que concurren a la preservación de la vida y de los bienes de las personas.

Antes de entrar en el desarrollo de esta composición, detengámonos por un instante en el significado del término seguridad.  En el sentido más inclusivo del término señalemos que para que algo sea considerado seguro debe ser indubitable así como ofrecer confianza, certezas y ausencia de fallas u omisiones.

Dicho esto, formularemos una serie de preguntas a título sólo ilustrativo de algunas de las dimensiones a las que hicimos referencia párrafos atrás. ¿Hay acaso seguridad alimentaria? ¿Existe seguridad habitacional? ¿Tenemos seguridad sanitaria? ¿Gozamos de seguridad educativa? ¿Vivimos en un estadio de seguridad laboral? ¿Qué seguridad social y previsional poseen los jubilados y pensionados? ¿Son beneficiarios de la seguridad jurídica los sectores más vulnerados de nuestro cuerpo social?

Seguramente se nos podrá señalar, con razonabilidad, que se podría ampliar la enumeración de dimensiones a considerar. Pero, aunque nos quedemos sólo con las señaladas, estaremos poniendo en marcha el proceso de la puesta en valor del concepto de seguridad ciudadana. Porque todas y cada una de ellas expresan un aspecto de la protección de la vida y los bienes de las personas. No creemos equivocarnos al señalar que si las necesidades y derechos que expresan estas dimensiones se encuentran satisfechas, los recursos y acciones que despliega el Estado en el plano de la prevención, disuasión y represión del delito se verán significativamente reducidos.

Por eso, como en otras oportunidades, señalamos que nuestra misión cuando protegemos datos es que estamos protegiendo personas y cuando protegemos personas estamos protegiendo ciudadanía lo que, en este caso, significa empezar a bregar por la verdadera significación de la seguridad ciudadana.

Eduardo Peduto

Director del Centro de Protección de Datos Personales